“Si precisaban hacerles algún interrogatorio, hubiera sido suficiente con una citación”

La Audiencia Nacional ordenaba el miércoles 8 la detención de ocho personas que han venido ejerciendo la función de mediadores externos de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa-EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos) desde hace año y medio, según informaba el diario Gara. Los nombres de las personas integrantes de este colectivo eran públicos desde su constitución y habían comparecido en rueda de prensa para presentarse como interlocutores.

Íñigo Santxo, portavoz de Eskubideak (Asociación de Abogados/as de Euskal Herria), ha manifestado a DIAGONAL su indignación con las detenciones y ha declarado que “jurídicamente, no vemos indicios suficientes para haber puesto en marcha esta medida” y que esperan que Arantza y Jon, y el resto de las personas detenidas, sean puestas en libertad inmediatamente. Desde esta asociación ven con especial preocupación que en este caso se trate de personas que han estado una labor de mediación de forma pública y notoria. “Entendemos que las labores de mediación son imprescindibles para llevar a cabo cualquier intento de pacificación, normalización o democratización”, explica Íñigo Santxo.

Además, la asociación cuestiona la proporcionalidad de las medidas que fuerzan el interrogatorio por parte de la Audiencia Nacional. “Tanto Arantza como Jon son abogados conocidos. Si precisaban hacerles algún interrogatorio, hubiera sido suficiente con una citación, como al resto de los ciudadanos. No resulta comprensible que en este caso concreto hayan tenido que entrar elementos armados en un despacho de abogados, y que se hayan llevado todos los expedientes judiciales de sus defendidos”, argumenta el portavoz de Eskubideak.

Uno de los aspectos que mayor repercusión ha tenido de la operación es que el Ministerio de Interior informó de ella y comunicó las detenciones en su página web y en su cuenta de twitter media hora antes de que la Guardia Civil se presentase en los despachos donde se produjeron. Este error motivaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitase la apertura de una investigación sobre la publicación de esta noticia por parte del Ministerio de Interior, indicando que “es lamentable que una operación de esta envergadura se vaya así al traste", al albergar sospechas de que se pudiera haber destruido documentación relevante en este intervalo de tiempo.

Desde Eskubideak apuntan a la posibilidad de que éste pudiera no haber sido un error sino algo premeditado. “Ya han pasado más de 24 horas y no hay ninguna información en absoluto de ningún elemento probatorio que hayan recogido en estos despachos”, recuerda Íñigo Santxo. De esta forma, se podría argumentar que las pruebas no han sido encontradas porque habrían sido destruidas.

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