Crónica de un conflicto anunciado: el bulevar de Gamonal en Burgos

Las continuas movilizaciones de los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos contra el proyecto de bulevar de la calle Vitoria han saltado a las portada de todos los medios de comunicación del Estado, tras dos noches en las que se han producido enfrentamientos entre los vecinos de este barrio y las unidades de antidisturbios desplazadas a la capital burgalesa desde Valladolid y Madrid para intentar frenar la protesta. De momento, 40 personas han sido detenidas.

Los vecinos de este barrio obrero llevan oponiéndose desde que se dio a conocer el proyecto a esta gran operación urbanística, con manifestaciones que sacaron a la calle a miles de personas y que han sido desde un principio ninguneadas y desoídas por el actual alcalde del Partido Popular, con mayoría en el consistorio, Javier Lacalle.

Estas obras, tasadas inicialmente en 8,5 millones de euros, supondrán la sustitución de gran parte de la actual calle Vitoria, principal arteria de comunicación de la ciudad, por un bulevar que restaría dos carriles al tráfico rodado y, lo que es más importante, suprimiría centenares de plazas de aparcamiento gratuitas por 650 plazas privadas, con un coste estimado en unos 20.000 euros, que los vecinos deberán adquirir o arrendar si quieren aparcar en su barrio. A esto se une el problema crónico de aparcamiento derivado de la planificación de la zona. Este gasto ha sido justificado por el Ayuntamiento argumentando que con estos ingresos obtenidos por los aparcamientos financiarán la obra en cuestión.

El rechazo mayoritario a estas obras hunde sus raíces en una política global del Ayuntamiento, que ha basado su mandato en un desmesurado gasto público para la construcción de infraestructuras urbanas, como los consorcios de construcción del polígono de Villalonquéjar, la Variante Ferroviaria y la construcción de un nuevo hospital de gestión privada. Una nueva apuesta por el ladrillo y lo privado del Gobierno del Partido Popular que ha llevado al Ayuntamiento de Burgos a tener una deuda pública estimada en unos 500 millones de euros, entre los que se encuentra una deuda de 40 millones a proveedores directos de esta administración.

Construcción sí, gasto social no

Los beneficiarios de este gasto por parte del consistorio presidido por Javier Lacalle han sido las dos principales empresas de construcción de la ciudad: el grupo Méndez-Ordóñez, liderado por el constructor y presidente del Grupo Promecal (dueño del Diario de Burgos entre otras cabeceras), Antonio Miguel Méndez Pozo, y el grupo Arranz Acinas. Dos empresarios estrechamente vinculados al Partido Popular de Castilla y León y, en el caso de Méndez Pozo, el principal apoyo económico de José María Aznar en sus inicios, con un amplio historial de sospechas de corrupción urbanística a sus espaldas.

Este gasto público en operaciones urbanísticas ha venido acompañado por un recorte generalizado en la gran mayoría de los servicios sociales y públicos de la ciudad, con la argumentación de que en el Ayuntamiento no había dinero. En este marco se han reducido o suprimido las ayudas percibidas por la mayoría de las asociaciones sociales de la ciudad, al igual que las percibidas por los sectores más desfavorecidos de la sociedad burgalesa. Se ha cerrado por falta de medios una guardería pública histórica por su labor como la de Río Vena, se han suprimido líneas de autobuses urbanos y se han reducido derechos a toda la plantilla de empleados públicos municipales.

Los recortes en gastos y derechos que se están produciendo, al igual que en el resto del país, están golpeando con más fiereza si cabe en un barrio obrero como Gamonal, en donde el paro ahoga cada vez más a sus habitantes con continuos ERE y cierres de fábricas en los contiguos polígonos industriales. Una situación que, según se leía en una de las pancartas de la manifestación de ayer, deja una conclusión entre sus vecinos: “Si no tenemos futuro, por qué debemos respetar este presente”.

Una lucha que viene de lejos

Al igual que ahora, el barrio de Gamonal se levantó en agosto de 2005 contra las obras de un aparcamiento subterráneo que el Ayuntamiento del Partido Popular quería ubicar debajo de las casas de la calle Eladio Perlado. En ese momento las obras se frenaron y el entonces alcalde Juan Carlos Aparicio (PP) dio marcha atrás al proyecto.

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