Mordaza en Madrid

Los imputados por la Audiencia Nacional Joseba Pernach y Amaia Elkano (en los sumarios 35/02 y 26/11 respectivamente) lanzaban un comunicado en calidad de ponentes de la charla boicoteada. Ante la iniciativa de prohibir el acto se preguntaban: “¿Dónde queda la libertad de expresión y el derecho a reunión para esta señora?”, refiriéndose a Cristina Cifuentes, delegada del gobierno de la Comunidad de Madrid; quien, en concreto, anunciaba “la intención de solicitar al fiscal la ilegalización” del encuentro.

El acto informativo que organizaba la Plataforma contra los juicios políticos en Euskal Herria (EHLibreMadrid) se canceló la noche del domingo 12 de enero. Miembros de la plataforma afirmaron que la charla prevista para el lunes 13 se integraba dentro de la campaña para dar a “conocer la realidad político social de Euskadi y denunciar que son juicios políticos” los actuales macro procesos que la Audiencia Nacional lleva a cabo contra 80 militantes vascos. La nota de prensa que lanzaba el colectivo justificaba la suspensión “debido al hostigamiento mediático y las presiones simultáneas por parte de la Delegación del Gobierno y diversos grupos fascistas”.

Varios integrantes de dicha plataforma confirmaron que la charla “estaba desconvocada” por “no perjudicar a los ponentes en su proceso judicial ni poner en peligro su integridad física”. Aunque se había conseguido reprimir la reflexión y silenciar las voces de los encausados, la cólera de algunos insistía en atemorizar la disidencia; y es que, su miedo al desacuerdo resulta tan desmedido como su fascinación por el poder. Así, el portal patriotas.org difundía la convocatoria de una concentración en el Centro Social Potemkin del madrileño barrio de Lavapiés con el lema “Plántales Cara”, a la que acudían una veintena de neofascistas. Estos individuos, primero rodeados de policía y después sin ella, rondaron varias horas la zona del local con ánimo de intimidar, y atacar, siempre que sus fuerzas excediesen las de su enemigo.

Por su parte, al seguir en pie las amenazas de agresión, más de un centenar de personas se solidarizaron para defender a los asistentes que no hubiesen sabido de la suspensión y, proteger el espacio. “Hemos venido porque había amenazas contra el local y la gente que fuera a venir”, se escucha exponer a algunas de las personas tratando con los mandos policiales. A las 19:30 horas la Policía Nacional empezaba las identificaciones seguidas de cacheos. “Han dicho que éramos más de veinte personas en una concentración no autorizada; y hemos explicado el motivo por el que estábamos: la posible agresión”, comenta otra mujer de la organización.

En torno a cincuenta policías se repartían para rodear a los asistentes, que cuando querían moverse iban dando cuenta de la encerrona. “Esto es retención ilegal de doscientas personas por la fuerza”, protesta Ramón, de unos 60 años. “Aquí no se ha tirado una botella, no se ha golpeado a nadie, no se ha destrozado nada…”. Este asturiano considera que este control recuerda a “la ley de vagos y maleantes”. Si cabe, los mecanismos de criminalización por parte de los aparatos institucionales resultan más sofisticados hoy y, la coacción será a través del endurecimiento de su ley –mordaza– para extender el silencio y negar por tanto la libertad de expresión, política y de conciencia.

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