El Gobierno griego se queda solo en la inauguración del semestre europeo

Casi 2.500 años después de liderar con mano de hierro la Liga de Delos, a Atenas le toca el turno una vez más de ponerse al frente de una gran federación, aun esta vez tan sólo por seis meses y de manera más bien simbólica. Pero si en aquella ocasión eran las demás ciudades-Estado las que se resentían de su expolio y despotismo, Grecia en esta ocasión es, si no el miembro más pobre, sí el más castigado por la imposición de políticas económicas por parte de la Unión.

El 1 de enero, el país heleno se embarcó por quinta vez en una aventura que costará a sus arcas 50 millones de euros. El Gobierno de coalición Nueva Democracia-Pasok ha anunciado que los temas en los que centrará su mandato son los que más acucian al sur de Europa: el crecimiento económico, la unión monetaria y la creación de empleo, en especial juvenil. Por su parte, el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, señaló que la propuesta de medidas para controlar la inmigración constituiría una de las principales prioridades, aunque siempre “desde el respeto a los derechos humanos” y buscando repartir la carga con los países del norte. Se prevé que Italia continúe con estas tareas al tomar el relevo en junio.

A la ceremonia de investidura, celebrada el 8 de enero, no acudieron los representante de la oposición. Tanto Syriza, como Izquierda Democrática –el antiguo socio de la coa­lición–, los nacionalistas Griegos Independientes y el Partido Comu­nista de Grecia faltaron a la cita con el fin de expresar su rechazo a las políticas de austeridad. En el caso de Amanecer Dorado se sumó la circunstancia de que la cúpula del partido ilegalizado está encarcelada.

El portavoz de Syriza, Panos Skurletis, explicó la decisión: durante la presidencia rotativa el Go­bierno prevé seguir la línea “de no cuestionar las elecciones estratégicas [de la troika], que han difundido por doquier la pobreza y la miseria”.

El mismo día, el tráfico en el centro de Atenas quedó paralizado, y todas las protestas que habían sido convocadas fueron prohibidas por las autoridades. A pesar de eso, se produjeron pequeños conatos de enfrentamientos cuando la policía atacó con gases lacrimógenos las concentraciones de Antarsya y otras organizaciones de izquierdas.

Contra la presidencia

No sólo la oposición social complicará al Gobierno los seis meses venideros. Al cierre de esta edición, estaba previsto que el 15 de enero la troika regresara para negociar las condiciones del nuevo tramo de rescate, por 4.900 millones de euros. El acuerdo no se presenta fácil. Para los acreedores, los presupuestos generales de 2014 no son realistas, mientras que el primer ministro Samarás sigue aferrándose a la success story y a la certeza del superávit primario, es decir, previo al pago de los intereses de la deuda y de otros gastos, tras los que evidentemente se produciría un gran déficit. En el propio Parlamento la situación es espinosa: la coalición mantiene tan sólo 153 de los 300 diputados, muchos de los cuales votaron a regañadientes las últimas medidas impopulares.

Según una reciente encuesta de Pulse, Syriza tiene una ventaja de dos puntos en intención de voto con respecto a Nueva Democracia, que, de confirmarse en las elecciones municipales y regionales que casi se solapan con las europeas –en el último mes de la presidencia griega–, supondría, seguramente, unos comicios anticipados.

Los próximos seis meses se verán, además, jalonados por protestas en todos los sectores. Los trabajadores de la sanidad se encuentran en pie de guerra contra las nuevas tasas de 25 euros por admisión en un hospital y un euro por receta. Los médicos tienen además otro frente: el del esquema de movilidad, el mecanismo empleado para reducir el número de funcionarios. Los profesores de secundaria en los últimos días han protestado con cortes de carreteras por el despido de cientos de compañeros que, al cumplirse ocho meses de su entrada en el nuevo esquema, no serán redestinados y perderán sus puestos de trabajo. El panorama se completa con el recorte de las ayudas por discapacidad o pobreza extrema que sufren las ya exiguas pensiones de los jubilados menores de 65 años, así como con el levantamiento parcial de la moratoria a los desahucios. Aunque los bancos no podrán embargar la primera vivienda, un ciudadano podrá perder su casa por deudas con el Estado, al margen de sus ingresos o del valor del inmueble.

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