Los afectados por la venta de viviendas social de Madrid se manifestarán el 15 de febrero

Una manifestación que partirá, el próximo 15 de febrero a las 12h., de Cuatro Caminos para llegar a Cibeles. Éste ha sido uno de los acuerdos tomados ayer en la que ha sido la primera asamblea conjunta de personas afectadas por la venta de viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) y del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).

En la reunión, a la que asistieron alrededor de 150 personas, se hicieron varias referencias a la victoria conseguida por el vecindario de Gamonal, en Burgos. “Si no salimos a la calle, como han hecho en Gamonal, no vamos a conseguir nada”, señalaba uno de los afectados en la asamblea.

La venta de 1.860 viviendas de alquiler social al fondo de inversión Blackstone en julio por parte de la EMV por 125,5 millones de euros y la siguiente venta, esta vez por parte del IVIMA a Goldman Sachs y Azora de otras 3.000 viviendas del Plan Joven del Instituto de Vivienda por 201 millones de euros, ha comenzado recientemente a mostrar las consecuencias para sus inquilinos, que ven como se pone en peligro la subvención que recibían unida a su contrato de alquiler y como se acerca la fecha de finalización del contrato sin poder optar a la compra de su vivienda.

Sábanas blancas de 5.000 ventanas

“Se han vendido 5.000 viviendas, ¿por qué no hay 5.000 sábanas colgando de las ventanas y balcones de las promociones de viviendas vendidas”, preguntaba Gusa, una de las afectadas por la venta de viviendas en Leganés.

La visibilización del conflicto fue uno de los temas que centraron la segunda hora de la asamblea. Y es que, aunque estiman en 5.000 las familias afectadas por las ventas de vivienda pública en Madrid, según comentaban varios de los asistentes, la participación en las movilizaciones es aún muy baja. “Tan sólo un 10 o 15% de los afectados somos los que tiramos del carro”, afirmaba otro asistente. “En Casa Cibeles [sociedad formada por Goldman Sachs y Azora para gestionar las viviendas de alquiler social] nos responden que no hay más de 40 personas quejándose, que no hay tanta gente afectada”, lamentaba otra de las afectadas. “Tenemos que demostrar que sí hay mucha gente afectada”. Para ello, una de las acciones que se acordaron en la asamblea fue crear un fondo con el que imprimir carteles para llenar los barrios y, especialmente, las fachadas de las promociones vendidas por las empresas municipales de vivienda. Otra de las participantes en el encuentro también señalaba la necesidad de exigir más apoyo de las asociaciones de vecinos para las tareas de comunicación.

Partidos políticos

La búsqueda de apoyo por parte de los partidos políticos fue otro de los temas que más dio que hablar en la reunión. "Hay que tener cuidado con los que nos pasan la mano por el lomo", decía uno de los asistentes en referencia al PSOE, tras lo cual señalaba que desde Izquierda Unida se han puesto a disposición de los afectados, aunque en algunos casos de forma muy mejorable.

El papel de Izquierda Unida como apoyo de los afectados fue uno de los puntos que creó más divergencias. “Todos los partidos me dijeron que me iban a apoyar, y Cayo Lara dijo que se iba a entrevistar conmigo, pero no ha pasado nada”, denunció Áurea, desahuciada en junio de 2012 del piso que alquiló al IVIMA en Alcorcón. “Llevo en la calle dos años, dos años en los que todos me han toreado”, continúa. En el caso de Áurea, la promoción de viviendas en la que vivía fue vendida a Lazora, que se describe, según señala su propia web, como “el mayor grupo español de capital privado dedicado a la vivienda protegida en alquiler” y que fue impulsado en 2004 por Azora. “He estado pagando durante 10 años y ahora no tengo ni dinero ni casa, y no soy la única, en la promoción había ancianos y gente con discapacidad. Nos hemos quedado 153 familias en la calle”.

Lucha individual y lucha colectiva

El modelo de lucha por la vivienda también fue parte del debate. Mientras algunos de los asistentes defendían que se debía potenciar la movilización individual por parte de cada promoción de vivienda afectada, otros señalaban la necesidad de coordinar una lucha conjunta.

“Yo soy del segundo paquete de 12.500 vendidas, nosotros presentamos seis querellas y conseguimos parar la venta de nuestras viviendas”, señala uno de los participantes, de Getafe, que defiende que “cada promoción tiene sus propias características, por lo que hay que individualizar la lucha”.

Más allá de potenciar la lucha conjunta o individual, muchas de las intervenciones señalaron la necesidad de potenciar el apoyo entre los vecinos, pero también la de crear una ejecutiva de comunicación coordinada con la que llegar a los medios generalistas y poder hacer visible el problema derivado de la venta de vivienda social, un conflicto que, según denunciaron los asistentes de la asamblea, ha sido ignorado por los grandes medios o han sido retratados sólo por su “lado oscuro”. “A lo mejor no hemos tocado aún la tecla que tenemos que tocar para que nos hagan caso”, concluye uno de los afectados.

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